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La adaptación de la pequeña y mediana empresa (PYME) en México: identificando riesgos y oportunidades

Elvira Elena Naranjo Priego y Norma A. Hernández

La fortaleza de una economía está en sus empresas, reconocerlo es vital para identificar los retos que enfrentan en materia de adaptación ante la cada vez más frecuente amenaza de  los riesgos globales. Un número creciente de estudios se enfoca en analizar los riesgos a nivel país, este estudio, realizado conjuntamente por el Tecnológico de Monterrey y el Global Adaptation Institute (GAIN) se enfoca en los retos y oportunidades de las empresas y pretende ser un referente y convertirse en una herramienta para ayudar a  la PYME a identificar sus riesgos y, elevar el interés y el conocimiento del sector privado.

 

La importancia del sector privado, en especial la pequeña y mediana empresa (PYME), para el desarrollo de México no podría ser mayor y la problemática que enfrentan no podría ser más compleja. Siendo prácticamente la base del desarrollo local y regional por su importancia en la creación de empleos, producción y distribución de bienes y servicios, enfrenta un gran número de riesgos que ponen el peligro su existencia. Ciertamente, la mayor parte de las empresas fracasan antes de cumplir los 2 años de edad[i].

Si bien es importante impulsar políticas que provean al emprendedor de un marco institucional y financiero que facilite la creación de nuevas empresas, debe ponerse especial atención a los factores que hacen que una vez creadas estas empresas no subsistan por un lago periodo.

A pesar de que la PYME tiene la ventaja, comparada con las empresas grandes, de una mayor flexibilidad para adaptarse al cambio, la mayor parte de éstas enfrentan dificultades para obtener los recursos necesarios para invertir en su crecimiento y desarrollo especialmente en las áreas de innovación e infraestructura[ii].

Es un hecho que la PYME enfrenta una gran variedad de riesgos relacionados directamente con su actividad productiva pero a éstos hay que sumarle los riesgos globales, ante los cuales tiene aún menos posibilidades de invertir en adaptación o de recuperarse en caso de verse afectada.

Pero, ¿cuáles son estos riesgos globales? Son cambios que tienen lugar a una escala global y que afectan a los individuos, las empresas y a las comunidades. Incluyen cambios en el clima, población, crecimiento económico, urbanización, etc. El Reporte de Riesgos Globales 2013 del World Economic Forum identifica un total de 50 riesgos clasificados en: Económicos, Ambientales, Geopolíticos, Sociales y Tecnológicos, y los evalúa en términos de su impacto y su probabilidad de ocurrencia. Estos riesgos no respetan fronteras, de ocurrir, afectan a una gran parte de la población mundial, pueden impactar las reservas de agua, los patrones de producción agrícola y la confiabilidad de los sistemas de energía e infraestructura.

Por su parte, el Global Adaptation Institute (GAIN) a través de su Índice de Adaptación Global busca medir los aspectos más importantes de la vulnerabilidad de un país y su preparación para asumir acciones de adaptación con el propósito de aumentar su resiliencia  al cambio climático.

Sin embargo, en esta línea de adaptación a nivel país no debe olvidarse el rol del sector privado que juega un papel clave dada su importancia en la organización de la producción y la innovación.

El objetivo para los países, comunidades y para la empresa en particular debe ser la construcción de resiliencia, entendida como la capacidad de asumir con flexibilidad y adaptarse a situaciones adversas o riesgos, reales o potenciales, y sobreponerse a ellas. Se trata de un proceso por el cual las medidas y acciones para prevenir, mitigar, afrontar y aprovechar los efectos de los riesgos globales son planeadas, mejoradas, desarrolladas e implementadas.

 

La iniciativa conjunta TEC-GAIN

A mediados de 2012 el Tecnológico de Monterrey, a través de sus escuelas de posgrado EGADE Business School, EGAP Gobierno y Política Pública, y del Instituto para el Desarrollo Regional unieron esfuerzos con el Global Adaptation Institute con sede en Washington para llevar a cabo un proyecto de investigación enfocado en PYMES con el objetivo de identificar los principales riesgos que enfrentan y ayudarlas a mejorar su resiliencia[iii].

El fin último del proyecto es incidir en un mejoramiento de las condiciones de vida de la población (presentes y futuras) de dos maneras:

1) Ayudando a las PYMES a incrementar sus niveles de resiliencia. Dotándolas de información, herramientas, una plataforma para compartir mejores prácticas e identificar oportunidades de adaptación. Para esto se ha creado un portal en que las empresas pueden identificar sus niveles de riesgo y comenzar a identificar estrategias de adaptación, el portal se puede consultar en: www.smeadaptation.org.

2) Creando mayor interés tanto en el sector gubernamental, como en el sector privado a través de la gran empresa y sus cadenas productivas, y en las ONGs, sobre la necesidad de involucrar a la PYME en sus estrategias y facilitar así  la inversión en adaptación.

Para lograr estos objetivos se diseñaron diversas herramientas entre las que destacan la Encuesta nacional sobre adaptación aplicada a PYMES, entrevistas a profundidad y un portal de adaptación para PYMES, con el cual se comunica y difunde el modelo y se democratiza el proceso de participación de la PYME, al crear una red en la que se compartan mejores prácticas.

 

¿Por qué la PYME?

La gran empresa cuenta con mayores recursos, tanto humanos como técnicos y financieros para invertir en adaptación mientras que la micro empresa no tiene las condiciones de flexibilidad ni el acceso a los recursos necesarios, además de que la mayoría se encuentran operando en condiciones de informalidad.

De acuerdo al Censo Económico de 2009 de México se registraron en el país un total de 3,627,059 empresas de las cuales las PYMES (entre 11 y 250 empleados) representaron el 4.1% del total de empresas pero generan 1 de cada 4 empleos en el país y producen casi el 20% del producto bruto total[iv].

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La encuesta nacional a PYMES

En este contexto, se realizó una encuesta nacional a 500 PYMES con el propósito de determinar hasta qué grado las PYMES tienen información adecuada e identifican los efectos de los riesgos globales en su negocio, en su cadena de valor o en su comunidad, y si están llevando a cabo acciones para incrementar su capacidad de adaptación y/o innovación ante estos riesgos. Así mismo, para determinar si la corrupción o la aplicación inconsistente de la legislación, las regulaciones o la burocracia representan un obstáculo para que las PYMES inviertan en adaptación y/o innovación.

Esta encuesta realizada a finales del 2012 fue representativa para cinco regiones en México: Norte, Centro, Occidente, Sureste y la Zona Metropolitana de la Ciudad de México (ZMCM). En la Figura 1 se muestra un mapa de México con las regiones utilizadas. En esta encuesta la participación fue de 57% pequeñas empresas y 43% de medianas empresas. Se cubrieron además los sectores de agricultura y alimentación; agua, energía, transporte, infraestructura, manufactura y comercio[v].

De manera específica, con la encuesta se trató de responder cinco preguntas principales:

1. ¿Conocen y entienden las PYMES los efectos de los cambios en el clima, población y urbanización sobre su empresa y su comunidad?

2. ¿Tienen las PYMES acceso adecuado a información sobre cómo los cambios en el clima, población y urbanización representan riesgos y oportunidades para su empresa y su comunidad?

3. ¿Están llevando a cabo acciones en sectores clave de adaptación ante estos riesgos y/o desarrollando nuevos productos o servicios para cumplir con sus necesidades de adaptación?

4. ¿En qué medida la corrupción o la aplicación inconsistente de la ley son un obstáculo para el crecimiento y desarrollo en las empresas?

5. ¿En qué medida la regulación y la burocracia obstaculizan la inversión en adaptación?

En lo que se refiere a la primera pregunta, sobre si conocen y entienden las PYMES los efectos de los riesgos globales sobre su empresa y su comunidad se identificaron 10 riesgos principales y se les preguntó a los empresarios si los consideraban un riesgo para su empresa.

El riesgo más importante resultó ser la variación abrupta en el precio de sus insumos, ya que el 68% de las empresas lo consideraron como un riesgo, a continuación, las interrupciones o falta de acceso a energía así como los desastres naturales se ubicaron en segundo y tercer lugar con 55 y 53% de menciones respectivamente. Sin embargo, apenas una cuarta parte de las empresas consideraron como un riesgo, los cambios en los patrones de precipitación, la reducción en la oferta o calidad del agua o el acceso a productos agrícolas o alimenticios (Gráfica 1).

En general, la mayor parte de las PYMES percibieron entre 2 y 5 riesgos diferentes, un 10% de los entrevistados cree que su empresa puede verse afectada por ocho o más riesgos, pero otro 10% no considera ninguno de los riesgos evaluados.

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Como es de esperarse hay algunas variaciones por región, sector o por tamaño de empresa. En cuanto al tamaño, entre la pequeña o mediana empresa, lo más interesante es que la mediana percibe más los riesgos de su entorno que la pequeña, algunas de las hipótesis que se pueden hacer al respecto, son por ejemplo, que la pequeña empresa tiene más preocupaciones de tipo operativo o de corto plazo y tiene menos información, en cambio la mediana empresa tiene más recursos y mayores niveles de inversión que hacen que las pérdidas potenciales sean mucho mayores. El único riesgo sobre el que las pequeñas empresas se preocuparon igual que las medianas es la variación en el precio de los insumos, lo que nos dice mucho sobre las preocupaciones de las pequeñas empresas (Gráfica 2).

En lo que se refiere al sector, también hay algunas variaciones, aunque la variación abrupta en el precio de los insumos siempre está en los primeros lugares. Los riesgos principales para el sector agrícola son los desastres naturales y los cambios en los patrones de precipitación; en el sector transporte son nuevamente los desastres naturales y las fallas en tecnologías de información y comunicación; mientras que en manufactura y comercio la interrupción o falta de acceso a energía así como la variación en los precios de los insumos resultaron son los más mencionados.

Un resultado interesante, en cuanto a la percepción de riesgos, resultó ser el hecho de que la empresa tuviera alianzas con otras empresas, ya que a excepción de los riesgos por desastres naturales y el acceso a productos agrícolas, un porcentaje menor de empresas percibe riesgos cuando tienen una alianza, lo que nos habla de la importancia de la formación y consolidación de cadenas productivas (Gráfica 3).

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La segunda interrogante hace referencia a si las PYMES tienen acceso adecuado a información sobre los riesgos globales y su impacto en sus operaciones, su cadena de suministro y su comunidad.

Lo que se encontró es que la mayor parte las empresas, el 65%, dicen tener acceso apropiado a información suficiente para conocer y evaluar los riesgos globales, mientras que el 62% conoce el impacto en las operaciones de su empresa. Sin embargo, hay menos información sobre el impacto que estos riesgos tienen sobre su cadena de valor o en su comunidad. Sólo el 45% y 47% de las empresas considera que tiene información suficiente para conocer este impacto en su cadena de valor o en su comunidad respectivamente.

Las variaciones regionales en este sentido son interesantes, siendo el sureste donde las empresas reportan tener mayor información, lo que probablemente nos indica, es que el hecho de que la región ya haya experimentado eventos previos con afectaciones importantes en su comunidad genera mayor nivel de alerta en el empresario. Recordemos el impacto que las inundaciones de los últimos años han tenido en Tabasco. Por el contrario, la región con menos información sobre el impacto en su cadena de valor y comunidad resulta ser occidente.

Lo que se refiere al sector de actividad, las empresas que tienen mucha más información son aquellas que se encuentran en los sectores de: agua, agricultura, infraestructura y energía, mientras que comercio y transporte son las menos informadas en todos los rubros, tanto en riesgos globales en general como en el impacto que tienen sobre sus operaciones, su cadena de valor y su comunidad (Gráfica 4).

Se investigó también sobre las fuentes de información que utilizan las PYMES, lo que se encontró es que el 93% de estas utilizan Internet como fuente de información, lo que la convierte por mucho, en la principal fuente. En segundo lugar se recurre a la investigación interna (65%) y a la consultoría (60%), que son herramientas utilizadas cuando buscan información específica para la empresa. Después, tenemos a fuentes más generales pero especializadas, como son las revistas profesionales y las cámaras y asociaciones profesionales con 58 y 53% respectivamente. En los últimos lugares se encuentra tanto la información en medios de comunicación como la información generada por el gobierno.

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El hecho de que pocas empresas utilicen (o consideren que no tienen acceso) a información generada por el gobierno, es un punto sobre el que hay que poner atención en cuanto a la difusión y conocimiento por parte de los empresarios, ya que en los últimos años el esfuerzo realizado por diferentes dependencias gubernamentales como el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) a través del Atlas Nacional de Riesgos (http://www.atlasnacionalderiesgos.gob.mx) y el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) (http://www.ine.gob.mx) y la Coordinación General de Protección Civil (http://www.proteccioncivil.gob.mx) en materia de políticas públicas, para la adaptación y construcción de resiliencia en las comunidades ha sido muy importante.

La tercera pregunta que se exploró, se refiere a las acciones que las empresas están llevando a cabo en sectores clave de adaptación. Se preguntó específicamente sobre la adquisición de seguros, tecnologías más eficientes en el uso del agua, programas de uso compartido de agua, programas de ahorro de energía, uso de fuentes alternativas de energía, reducción de residuos, e innovación en procesos, productos o servicios.

Las acciones más frecuentemente llevadas a cabo por los empresarios para enfrentar el riesgo son la adquisición de seguros y la innovación en productos y servicios, con variaciones importantes por sector, tamaño de empresa y región.

En cuanto a la adquisición de algún tipo de seguro, el 82% de las empresas en el norte declara haberlo contratado, comparado contra un 59% de las empresas en el occidente. En lo que se refiere a tecnologías más eficientes en el uso del agua, las regiones más activas son el centro y la ZMCM (47 y 44% de las empresas respectivamente), mientras que en occidente, solamente una cuarta parte de las empresas lleva a cabo acciones en este sentido.

En el uso de fuentes alternativas de energía, la ZMCM es la más activa con el 48% de las empresas, mientras que en el sureste únicamente el 22% de las empresas declaran realizar acciones en este rubro (Gráfica 5). En el tema de innovación en procesos, productos o servicios, al menos el 60% de las empresas lleva a cabo acciones, siendo las regiones del centro y ZMCM las más activas, donde alrededor del 80% realiza innovaciones en productos y servicios.

Las diferencias por sector son mucho más evidentes por la dependencia relativa que cada uno de estos tiene de estos sectores clave de adaptación. Los sectores más activos en temas de adaptación son las empresas en los sectores de agua, energía y agricultura. Mientras que las empresas en los sectores de transporte y comercio son de las más bajas, a excepción de los programas de ahorro de energía.

Por tamaño de empresa, son las medianas las que en mayor medida realizan algún tipo de acción, como adquirir seguros, reducción de residuos, innovación y ahorro de energía. Mientras que un mayor porcentaje de las pequeñas empresas resultaron más activas en el uso eficiente de agua y fuentes alternativas de energía.

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Las últimas dos preguntas hacen referencia al marco institucional en el que las empresas se desarrollan y que les facilita u obstaculiza realizar inversiones en adaptación. En primer lugar se buscó saber en qué medida las empresas consideran en sus decisiones de inversión actuales, o si piensan que lo harán en el futuro, algunos de los riesgos globales. En todos los casos un mayor porcentaje de empresas considera que en el futuro será más necesario tomar en cuenta estos factores en sus decisiones de inversión. Las diferencias más importantes se dan en los temas relacionados con el cambio climático, por ejemplo, actualmente sólo el 22% de las empresas considera los cambios en los patrones de lluvia, mientras que en el futuro, el 38% de ellas lo hará (Gráfica 6).

En la cuarta pregunta de investigación se aborda el tema de la corrupción o la aplicación inconsistente de la ley como un obstáculo para el crecimiento y el desarrollo de las empresas. Se preguntó si considera que las dependencias gubernamentales tratan a su empresa de manera imparcial, comparado con otras empresas similares en el sector, los resultados son relativamente favorables en 4 de las 5 regiones, donde más del 60% de las empresas considera ser tratada de manera justa, la excepción es en el norte donde apenas el 45% considera que el trato entre empresas es imparcial (Gráfica 7). Cabe destacar que lo deseable es que el trato sea imparcial para todas las empresas, calificaciones por debajo del 70% apenas pueden considerarse como aprobatorias.

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De manera más puntual, se preguntó a las PYMES si alguno de los siguientes factores del medio ambiente de negocios afecta o ha afectado sus decisiones de inversión: Se consideró específicamente la aplicación inconsistente de la ley, la corrupción en los tres órdenes de gobierno y sobre las condiciones de inseguridad que imperan en prácticamente todo el país. El resultado llama la atención indicando que la aplicación inconsistente de la ley es el principal factor que afecta las decisiones de inversión de las empresas, muy por encima de las cuestiones de seguridad. A la aplicación inconsistente de la ley le siguen los temas de corrupción, siendo el gobierno local el que se mencionó por un mayor porcentaje de las empresas, después la corrupción del gobierno federal y en último lugar, la corrupción del gobierno estatal (Gráfica 8).

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Finalmente, se preguntó a los empresarios en qué medida la regulación y la burocracia obstaculizan su inversión en adaptación. Se consideraron los siguientes factores: política fiscal, facilidad para obtener licencias y permisos tanto a nivel municipal, estatal y federal, los requerimientos de la legislación laboral y los requerimientos de la legislación ambiental. Se incluyeron, además otros factores, la inestabilidad política y las actividades sindicales y finalmente se consideraron servicios públicos (agua y energía), en cuanto al costo y al acceso (Gráfica 9).

Los resultados muestran que en lo que se refiere a los servicios públicos, lo que consideran más relevante es el costo de la energía, el 44% de las empresas lo considera un obstáculo. Sin embargo, el hecho es que, dada la importancia que tiene la energía para las empresas, las inversiones en adaptación que se realicen en este sector crítico son en realidad un área de oportunidad para las empresas.

La política fiscal es el factor, que por sí sólo, las empresas mencionan como el mayor obstáculo para invertir en adaptación, lo cierto es que si bien existen incentivos para la inversión, la falta de certidumbre en las reglas fiscales se convierte en un obstáculo para las PYMES.

En cuanto a la obtención de permisos y licencias, que se preguntó en los tres órdenes de gobierno, el orden de los resultados es similar a la pregunta anterior, en primer lugar están los trámites municipales, 46% de las empresas los ven como un obstáculo, a continuación los federales (42%) y por último los estatales (41%). Le sigue en importancia la legislación laboral, el 36% de las empresas lo mencionan como un obstáculo y la legislación ambiental en menor medida, ya que sólo el 34% de las PYMES lo refieren como un impedimento.

La inestabilidad política es un factor importante, incluso más que lo laboral y lo ambiental, para el 40% de las empresas la inestabilidad política detiene sus decisiones de inversión. Finalmente, las actividades sindicales, a pesar de que en algunos sectores llega a ser un problema grave, para menos del 20% de las empresas, es un factor que represente un obstáculo para sus decisiones de inversión.

 

Conclusión

Las empresas en México enfrentan una gran variedad de riesgos, tanto de orden operativo como derivados de los cambios globales que afectan a nuestro planeta. Para la gran empresa sin embargo, los riesgos pueden resultar más manejables, ya que cuentan con mayores recursos para prevenir, adaptarse y sobreponerse a estos cambios, lo cual no quiere decir que lo haga o que esté preparada. En el otro extremo está la micro empresa que enfrenta los mismos riesgos, pero sin prácticamente recursos ni acceso a financiamiento, principalmente porque la gran mayoría operan en la informalidad.

La PYME sin embargo, por sus condiciones de flexibilidad y de eslabón clave en el mercado de bienes y servicios, se convierte en el referente natural para iniciar un proceso de investigación que les permita adaptarse a los cambios construyendo resiliencia.

En gran medida, las PYMES reconocen la importancia de los riesgos globales que enfrentan y reconocen además, que en el futuro serán aún más importantes en su toma de decisiones de inversión.

Uno de los principales problemas que enfrentan es la falta de información pertinente, en este sentido debe aprovecharse que el uso de internet sea una práctica tan extendida para poner a disposición de la PYME información oportuna de sus riesgos y oportunidades de adaptación, el poner a disposición de las empresas herramientas como la generada por el Instituto para la Adaptación Global y el Tecnológico de Monterrey (www.smeadaptation.org), es un paso importante para ayudar a la pequeña y mediana empresa.

Las instituciones del sector público en México están generando valiosa información sobre los riesgos que enfrentan las empresas en las diferentes regiones del país, lo que se requiere es una mayor difusión de su utilidad entre los empresarios de todos los tamaños.

Lo que resulta muy alentador es que a pesar de los recursos limitados y de la falta de información, el interés de las empresas por adaptarse a los riegos que enfrentan y enfrentarán en el futuro, se refleja en el número de acciones que ya se encuentran llevando a cabo en mayor o menor medida, tales como la adquisición de seguros, ahorro de energía, uso eficiente de agua, innovaciones en procesos, productos y servicios, etc.

Finalmente, el marco institucional resulta clave para dar certidumbre a la empresa en sus decisiones de inversión, lo que se ha encontrado es que factores como la aplicación inconsistente de la ley afecta más la decisión de invertir que la propia inseguridad. Así mismo, la política fiscal, los trámites para obtener licencias y premisos locales y el costo de la energía, son también un obstáculo para la inversión en innovación.

¡Queda mucho por hacer, pero la buena noticia es que una buena parte del sector productivo en México ya se está preparando para el futuro!

 

Elvira Naranjo es doctora en política pública por la EGAP. Se desempeña desde hace 12 años como consultor-investigador en diversos centros e institutos del Tecnológico de Monterrey y actualmente trabaja en el Instituto para el Desarrollo Regional. Como consultor ha trabajado los temas de competitividad y desarrollo regional a nivel estatal, municipal y regional. Cuenta con diversas investigaciones y publicaciones en artículos de revista y capítulos de libros y es co-autor de las últimas cuatro ediciones de la serie “La Competitividad de los Estados Mexicanos” (2003, 2007, 2010 y 2012). Puede ser contactada en enaranjo@itesm.mx.

Norma A. Hernández  es doctora en finanzas y economía por la A.B. Freeman School of Business de la Universidad de Tulane, U.S.A. Es directora del departamento de finanzas de la Egade Business School y de la Cátedra de Investigación en Pequeñas y Medianas Empresas. Miembro del Sistema Nacional de Investigación, nivel I. Entre sus publicaciones se encuentran los libros de: “Análisis Estratégico para el Desarrollo de la MiPyME en México” y  “Capital Privado y Emprendedor en México”. Ha colaborado en consultorías en el sector empresarial y gobierno en temas de acceso al crédito, valuación y gobierno corporativo en PyMEs. Puede ser contactada en normahernandez@itesm.mx.


[i] Tan, Lopez-Acevedo, 2007, How well do small and medium Enterprise programs work? Evaluating Mexico´s SME Programs using panel firm data. World Bank Institute and Latin America and Caribbean.

[ii] Diversos estudios se han enfocado a la identificación de los factores que fortalecen la sobrevivencia y competitividad de las PyMEs entre estos:

Hernández, Trejo,2010, Análisis estratégico para el desarrollo de la MyPyME en México (2010), Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), México D.F.

Dussel Peters, E. (2003). Pequeña y mediana empresa en México: condiciones, relevancia en la economía y retos de política. Economía UNAM, 2, 64-84.

Kauffman, G. (2001). El desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas: un reto para la economía mexicana. Ciencia Administrativa, 1, 40-48.

[iii] El proyecto fue realizado de manera conjunta por el Tecnológico de Monterrey (www.itesm.mx) y el Global Adaptation Institute (www.gain.org) y financiado por The John Templeton Foundation (www.templeton.org).

[iv] INEGI Censos Económicos 2009. http://www.inegi.org.mx

[v] Para este estudio, la clasificación de pequeñas y medianas empresas se realiza de acuerdo al número de empleados considerando pequeñas empresa aquellas que cuentan con más de 10 y hasta 30 empleados y medianas a las que tienen más de 30 y hasta 250. De manera oficial la clasificación de empresas por tamaño y sector para México puede encontrarse en la “Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa”. Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm

La seguridad sísmica de las construcciones en Latinoamérica

Eduardo Reinoso, Miguel Jaimes, y Marco A. Torres

Se presenta un estudio para conocer el grado en que las nuevas edificaciones cumplen con el reglamento de construcciones. Estos resultados, obtenidos para el caso de la ciudad de México, muestran que a pesar de contar con un reglamento de construcciones moderno y confiable existen evidencias que indican que algunas edificaciones construidas recientemente podrían tener un riesgo inaceptable al no cumplirlo, esto es, que probablemente tendrán grandes pérdidas económicas durante eventos futuros, interrumpiendo la continuidad del negocio (sector privado) o de operaciones (sector público) y, lo peor, podrían causar víctimas. Este fenómeno se observa en varias ciudades del mundo y es ocasionado en parte por las enormes presiones económicas para construir más rápido y más barato, en donde la calidad de la construcción se está sacrificando.

Los desastres sísmicos recientes han demostrado que, a pesar de que en términos relativos las víctimas humanas durante sismos estadísticamente han disminuido en el mundo, aún nos encontramos lejos de haber solucionado este problema, además de que no se han alcanzado avances sustanciales para reducir las pérdidas económicas que se han incrementado enormemente.

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La reglamentación de construcciones que la autoridad expide es fundamental, y tiene por objetivo garantizar un adecuado comportamiento de las mismas para evitar, en el caso de sismos, pérdidas económicas elevadas y, sobre todo, pérdida de vidas humanas. Esta reglamentación toma en cuenta las experiencias y conocimientos arrojados por eventos sísmicos recientes ocurridos en cada país y en el mundo, así como los estudios e investigaciones que de estos se realicen. Este es el caso del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal (RCDF) y sus normas técnicas en la ciudad de México y de las principales ciudades en Latinoamérica.

Como ocurre en otras grandes ciudades en Latinoamérica, en los últimos años en la ciudad de México, se han construido un gran número de edificios con una gran diversidad de materiales, dimensiones en planta y altura, materiales y criterios que deberían cumplir con el reglamento de construcciones local de la zona. Sin embargo, existe una opinión generalizada entre expertos de que a pesar de haber excelentes despachos de ingeniería y arquitectura, e inversionistas y desarrolladores de negocios serios y con visiones de largo plazo, algunas de las nuevas edificaciones aparentemente no cumplen el Reglamento de Construcciones y, por tanto, pueden tener deficiencias estructurales que ponen en riesgo la continuidad de actividades cotidianas así como la posible seguridad de sus ocupantes por lo que medidas de mitigación deben ser tomadas. Para tener bases más firmes que permitan tomar decisiones se han hecho varios estudios, patrocinados por el gobierno de la ciudad para conocer el grado en que las nuevas edificaciones cumplen con la reglamentación vigente.

Creación de base de datos de las construcciones para este estudio

Se hizo una revisión del comportamiento sísmico de edificios de más de cuatro niveles construidos en la ciudad de México a partir del 2004 de una base de datos creada con el catastro de la ciudad, complementada con otras bases de datos y verificada por numerosas visitas a los edificios. El universo a estudiar consistió en 13,428 edificaciones localizadas en zonas donde se han observado los mayores daños estructurales en sismos pasados (sismos de 1957, 1979 y 1985), que cumplían con las condiciones mencionadas. De esta población se seleccionaron al azar 150 edificios a los que hicimos inspecciones de banqueta para recabar información adicional de sus características sismorresistentes. En la Foto 1 se muestra con puntos pequeños los 150 edificios seleccionados (con puntos grandes se muestran 20 edificios que además fueron estudiados con más detalle como se mostrará más adelante). De estas 150 inspecciones se muestran las estadísticas de algunos defectos constructivos (véase Figura 1) que de manera alarmante se repiten con frecuencia y señalan la tendencia de construir edificios con plantas bajas débiles (estacionamientos y comercios), muy pegados entre sí (golpeteo), con columnas cortas y con configuraciones irregulares en planta.

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Revisión de memorias de cálculo y planos estructurales

De los edificios visitados se escogieron veinte también al azar para estudiarlos con más detalle. Para ello, se solicitaron sus respectivas memorias de cálculo y planos a la dependencia gubernamental encargada de contar con esta información. Del análisis y estudio de estas memorias y planos se concluye, primero, que 20% de las memorias y 15% de los planos de los edificios construidos a partir del 2004 no es posible ni siquiera consultarlos porque no existen. De las memorias y planos que sí se pudieron analizar:

  1. Una cuarta parte contiene una descripción aceptable de la estructuración del edificio
  2. Una cuarta parte contiene una estimación detallada de las cargas
  3. En una cuarta parte se identifica con claridad al Director Responsable de Obra (DRO) y al corresponsable estructural
  4. En una cuarta parte se determina las fuerzas para diseño sísmico
  5. En casi la mitad no se especifican los parámetros del espectro de diseño
  6. Ni siquiera en uno de cada diez se indican las deformaciones estimadas ante sismos
  7. En ninguna se presenta con claridad la modelación sísmica ni el método de análisis
  8. Solo en una cuarta parte la información contenida en los planos coincide con lo presentado en las memorias de cálculo, y en pocos casos esta información coincide con lo que realmente se construyó. Esto ocurre a pesar de que el Reglamento obliga al DRO a entregar la información completa una vez concluida la obra 

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Estos problemas se han incrementado en los años recientes debido a que para simplificar trámites y disminuir costos y corrupción, basta con entregar a las autoridades una manifestación de construcción, y ya no se requieren permisos. Pero desgraciadamente esto ha relajado enormemente el rigor en el análisis, diseño y construcción de obras, y ha golpeado a la calidad de la construcción.

Cotejo de planos y memoria de cálculo con lo construido

En esta parte del estudio se comparó la información proporcionada por la dependencia gubernamental, con la que se había obtenido la licencia, con el edificio tal como quedó construido. Además se solicitó por escrito a los DRO copia de los planos y memorias de cálculo estructural con los diseños finales utilizados en la construcción de los edificios para compararlos con los planos proporcionados por la dependencia gubernamental. En la Figura 2 se muestra las respuestas que se obtuvieron a las solicitudes de información: de los veinte edificios seleccionados únicamente fue posible obtener información en ocho casos. Al comparar la información proporcionada por las delegaciones con la obtenida a través de los DRO se observa que en el 62% de los casos la información era igual. Las principales diferencias encontradas consistían en mayor detalle de la información y cambio de algunas secciones estructurales.

 Por otro lado, se examinó si la resistencia del concreto y el detallado del acero de refuerzo cumplen con lo establecido en los planos; para esto se realizaron extracciones de corazones de concreto y escaneos del acero de refuerzo. Para la realización de las pruebas se enviaron solicitudes de inspección a cada uno de los dueños y administradores de los veinte edificios con el objeto de realizar inspecciones internas y analizarlos con más detalle; desgraciadamente, solo siete de veinte dieron respuesta y aceptaron la inspección. Esto lo hemos interpretado como una muestra del poco interés y participación que la población tiene en la evaluación y cuantificación del riesgo sísmico a pesar de estar directamente afectados.

Cálculos aproximados de los edificios inspeccionados

Para contar con más elementos de evaluación de los inmuebles seleccionados, se contrató a un ingeniero para que con las prácticas usuales hiciera una revisión de los estados límite de las veinte estructuras escogidas. En la Figura 3 se presentan los resultados de evaluar los estados límite de servicio y último para los edificios estudiados. Los resultados de los estados límite de servicio indican que el 53% de los edificios estudiados lo cumplen, mientras que para el estado último sólo el 48% de los edificios los satisfacen. Los edificios que no cumplen con el estado límite de servicio podrían tener un inadecuado comportamiento ante sismos de baja intensidad. En las visitas internas se encontraron algunos defectos como grietas en acabados y elementos estructurales lo cual podría agravar el comportamiento de estos elementos. Por otro lado, casi dos terceras partes de los edificios analizados superan el estado límite último, lo que teóricamente pone en riesgo su integridad ante un evento sísmico intenso. Estos resultados no son concluyentes pues están basados en información preliminar de “planos de licencia” y mucho menos pretenden señalar deficiencias de las estructuras analizadas que fueron escogidas al azar, pero nos dan una idea de la calidad de las construcciones de años recientes que están en los límites de seguridad. Para tomar medidas de mitigación se deberían hacer revisiones más detalladas o al menos consultar las memorias y planos definitivos que desgraciadamente no están en manos de la autoridad.

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Conclusión

El hecho de que en una muestra aparentemente pequeña se hayan detectado irregularidades no parece ser sesgado o casual, y refleja la realidad de este tipo de construcciones en la práctica profesional. Si bien no fue el objetivo de este estudio, no existe ninguna evidencia que indique que el Reglamento de Construcciones de la ciudad requiera cambios ni revisiones significativas, y más bien los problemas que hoy se observan en la ciudad se deben a la forma en que este reglamento se interpreta y aplica por parte de los profesionales del ramo, lo que también se está observando en otras partes del mundo.

En la ciudad de México recientemente se empieza a contar con mecanismos oficiales de revisión estructural, que dentro de su tarea estará la de regular y vigilar a todos los involucrados en la construcción, aunque esto no se puede aplicar a todas las estructuras, solo a las más importantes. Por otro lado, los colegios de profesionistas y las sociedades técnicas deben contribuir a mejorar esta situación de manera paralela e independiente a los gobiernos, simplemente haciéndole saber a la sociedad y tomadores de decisiones que existen arquitectos e ingenieros más capaces y éticos que otros.  De esta elección dependerá el comportamiento y la seguridad de las estructuras ante sismos futuros.

Los resultados de estos estudios nos muestran que existen evidencias de que algunas estructuras construidas recientemente podrían tener un riesgo inaceptable que llevarían a la interrupción de negocios o de operaciones e incluso la pérdida de vidas. Esto se debe en gran medida a la impunidad, al no verificarse de ninguna manera que el reglamento se cumpla; peor aún, si no existe verificación, mucho menos castigo por incumplimientos. De esta manera, la seguridad estructural recae únicamente en la ética profesional de los involucrados, lo que no es transparente para los planificadores de negocios y usuarios finales de las estructuras. Es por esto que los administradores de riesgo deben conocer el grado de riesgo estructural para todos los edificios existentes e implementar planes de mitigación y de contingencia ante las posibles pérdidas y la interrupción del negocio.

Finalmente, un aspecto fundamental: el rol de los arquitectos e ingenieros. Existe un fenómeno mundial del cual ni México ni ningún país latinoamericano son ajenos, en el que arquitectos e ingenieros trabajan cada quien por su lado, los primeros con propuestas novedosas y audaces, inspiradas por la estética y funcionalidad, tímidamente acotadas por restricciones ambientales y económicas, pero solo en algunos casos acotadas por la seguridad sísmica; peor aún, el hecho de proveer seguridad sísmica a sus creaciones es juzgado por muchos arquitectos como un atentado inaceptable a la estética y funcionalidad. Los segundos, los ingenieros, hemos logrado especializarnos en un área muy compleja, con conceptos difíciles de entender y más difíciles de explicar, pero empleamos un lenguaje que solo permite la comunicación entre nosotros mismos: que no hayamos la manera, dicen, de explicar que tal edificio puede dañarse o caer por este o aquel detalle. No hay, en resumen, una comunicación sana entre ambos profesionistas y el distanciamiento es cada vez mayor, y por supuesto los usuarios finales no conocen esta problemática.

Tan solo una o dos generaciones anteriores el ingeniero y el arquitecto eran la misma persona, y las obras se pensaban, analizaban, diseñaban y construían considerando simultáneamente estética, funcionalidad y seguridad. El resultado del “divorcio” actual es, a pesar de todos los avances en todos los campos, la existencia de obras esplendorosamente hermosas y funcionales, pero con riesgos sísmicos inaceptables, que probablemente tendrán grandes pérdidas económicas, interrumpiendo ciclos de negocios durante eventos futuros y, lo peor, podrían causar víctimas. Afortunadamente existen ingenieros y arquitectos ejemplares que trabajan en equipo y que crean obras así, ejemplares; pero no son la mayoría. Todas las obras, importantes y no, deben cumplir con los mejores estándares estéticos, funcionales, económicos y de seguridad que el usuario final asume sin preguntar.

Desde 1985, Eduardo Reinoso ha desarrollado investigaciones y productos para conocer y mitigar el riesgo sísmico. Recientemente ha extendido estas investigaciones a otras amenazas naturales como tsunami, huracán, inundación, erupción volcánica, granizo, entre otros. ERN es una empresa dedicada a ofrecer productos y servicios para la estimación de los riesgos naturales y poder así tomar medidas tanto financieras cómo físicas para protegerse y mitigarlos. Comuníquese con él en direccion@ern.com.mx.

 Miguel Jaimes ha realizado proyectos para el sector asegurador y del gobierno, los cuales consisten desde la estimación de pérdidas por sismo en edificios, en la red de agua potable y alcantarillado, en caminos y carreteras hasta del número esperado de víctimas a nivel ciudad y país. Además, ha colaborado en el desarrollo de proyectos como es el caso del R-FONDEN que permite la estimación probabilista de riesgos en la infraestructura, el primero para el fondo de desastres naturales en México para el gobierno federal. Comuníquese con él en mjaimest@ii.unam.mx.

 Marco A. Torres es ingeniero civil con especialidad en estructuras por la UNAM. Cuenta con alrededor de 30 publicaciones en congresos y revistas técnicas sobre temas de confiabilidad y análisis de riesgo. Actualmente labora en proyectos de evaluación de riesgos ante amenazas naturales. Comuníquese con él en mtorresp@ii.unam.mx.

Una entrevista con Miguel Angel De la Rosa Ríos, Coordinador del Grupo de Continuidad de la Asociación de Bancos de México (ABM)

La Asociación de Bancos de México A.C. (ABM) se fundó en noviembre de 1928, con el propósito de representar los intereses generales de la banca y brindar a los bancos servicios técnicos especializados. Dentro de los comités y subcomités de la ABM está el grupo de especialistas en continuidad del negocio (Business Continuity Management, “BCM”) de los diferentes bancos en el país, formalmente establecido y reconocido, con capacidad de reacción gremial antes-durante y después de una crisis,  que fomenta la capacitación continua en las mejores prácticas BCM y permite compartir casos de éxito en el grupo. En esta entrevista, su Coordinador del Grupo de Continuidad nos platica más acerca de este grupo y su contribución al sector bancario.

Thrive! Iberoamerica: ¿Cuál es su objetivo y misión?

De la Rosa Ríos: Conformar un grupo de especialistas en continuidad del negocio (Business Continuity Management) de los diferentes bancos en el país, formalmente establecido y reconocido, con capacidad de reacción gremial antes, durante y después de una crisis, que fomenta la capacitación continua en las mejores prácticas BCM y permite compartir casos de éxito en el grupo.

Thrive! Iberoamerica: ¿Por qué surge la necesidad de crear un grupo de continuidad del negocio en la ABM?

De la Rosa Ríos: En la ABM existen comités especializados en diversos temas. En relación a la continuidad del negocio surgió como una necesidad de actuar como frente común ante situaciones de contingencia o desastre que podrían afectar al gremio bancario, el ejemplo claro fue durante la pandemia de influenza AH1N1 en 2009. Otro ejemplo es la llegada del papa Benedicto XVI el año 2012, donde se preveía que podría haber escases de dinero en los cajeros la zona por donde iba a pasar el papa. Asimismo, se requería informar al público de los cajeros que si estaban disponibles y de los cajeros estarían cerrados. En estos y otros eventos de otra índole, el grupo bancario actúa como un gremio organizado trabajando en equipo y estableciendo comunicación en todo momento. Para mantener esta coordinación en caso de contingencia, el grupo de continuidad sesiona antes, durante y después del evento.

Thrive! Iberoamerica: ¿Qué beneficios tienen los bancos de pertenecer a este Grupo?

De la Rosa Ríos: En todos y cada uno de los bancos de México, existe personal especializado en continuidad del negocio (BC, Business Continuity), y dependiendo de las necesidades de su operación, cuentan con un determinado número de personal dedicado en continuidad del negocio. Este personal a través del grupo de continuidad del negocio, pueden recibir capacitaciones especializadas en normatividad BC nacional e internacional, mejores prácticas como las de DRI International. Asimismo, a través de las sesiones que tenemos al menos una vez cada dos meses, se promueve y comparte la estandarización de las prácticas profesionales BC en la banca, se validan planes críticos, se analizan procesos críticos para la banca y se promueve la continuidad de operaciones como gremio en caso de desastre.

Thrive! Iberoamerica: ¿Qué planes de trabajo tiene el grupo de continuidad de la ABM para el año 2013?

De la Rosa Ríos: Adicional a mantener la capacitación y coordinación constante entre los miembros de la ABM, buscaremos trabajar con mayor cercanía con los proveedores críticos y con el sector gobierno que regula y/o coordina en eventos de desastre. En caso de un desastre o catástrofe, sería importante conocer como participaría la banca en la activación de un plan de continuidad de operaciones nacional, donde consideramos que la ABM debe estar identificada como un sector crítico para el país.

Thrive! Iberoamerica: ¿Cuál es la situación en general en materia de continuidad del negocio en la banca en México?

De la Rosa Ríos: De manera generalizada todos los bancos cuentan con un plan de Continuidad del Negocio (BCP, Business Continuity Plan). En general la banca en México es uno de los sectores con más avance en BCM, no solo por ser una industria regulada, sino que el sector ha trabajado por sí mismo para alcanzar un grado de madurez avanzado y planes BCP robustos. Podemos considerar que la banca está preparada para responder ante desastres con programas BCM.

Thrive! Iberoamerica: Como grupo de continuidad, ¿hacia dónde visualizan el futuro de BCM en México?

De la Rosa RíosConsidero que el país está en el camino de construir una cultura BCM fuerte, la nueva Ley General de Protección Civil emitida por el gobierno mexicano el pasado 6 de junio de 2012 donde ya se incluye temas como gestión integral de riesgos y continuidad de operaciones, facilitará el desarrollo de esta cultura. Ahora bien, si adicionalmente la autoridad que corresponda, exige el cumplimiento de la normatividad BCM tanto al sector público como privado, como se le exige actualmente a la banca, definitivamente esto generará la creación de planes BCP robustos. Con acciones como esta, México podría tener mayor cantidad de gente especializada en BCM, generación de puestos de continuidad en todos los sectores y una mayor resiliencia como país.

Thrive! Iberoamerica: Con base a la experiencia del Grupo de Continuidad de la ABM ¿Qué recomendarían hacer en BCM a otros grupos o asociaciones como: aseguradoras, agentes de seguros, administradores de riesgos, proveedores de salud, telecomunicaciones, etc.?

De la Rosa Ríos: Recomiendo ampliamente que otros grupos ya organizados y/o consolidados como asociación, creen grupos o comités de continuidad que puedan acelerar el desarrollo de BCM en dicho sector. Por otra parte, sectores relacionados con los riesgos y desastres como aseguradoras, proveedores de salud, telecomunicaciones, etc., convendría que incluyeran en la proveeduría de sus servicios el tema de continuidad de operaciones tanto para ellos mismos como para sus clientes y proveedores. Por ejemplo, al vender una póliza de daños tomar en cuenta en la valuación del riesgo si la empresa tiene o no desarrollado planes de BC. Esto en un desastre puede determinar la sobrevivencia de la empresa y la reducción de la pérdida a niveles manejables desde el punto de vista financiero tanto por la propia aseguradora como por la organización afectada.

Interview 1Miguel A. De la Rosa Rios es coordinador del subcomité de continuidad del negocio en la ABM y puede ser contactado en miguel.delarosa@banorte.com.